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Boletín de noticias 24 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
SENADO HUNDIÓ PROYECTO QUE ESTABLECÍA REBAJA DE PENAS POR BICENTENARIO
Juan Manuel Corzo aclaró que la iniciativa nunca buscó beneficiar a parapolíticos.
La plenaria del Senado hundió este miércoles el proyecto de ley que establecía una rebaja de penas de hasta las tres quintas partes a los presos del país, siempre y cuando no hubiesen sido condenados por delitos de lesa humanidad o por relación con grupos armados ilegales.
El proyecto, radicado ante el Congreso por la ex senadora Piedad Córdoba, establecía el beneficio de rebajas de penas por motivo del bicentenario de la independencia del país.
Cuando fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, se estableció que delitos como concierto para delinquir, abuso de menores, rebelión o asonada no serían cobijados por la iniciativa, y solo aplicaría para delitos comunes.
El presidente del Congreso, senador Juan Manuel Corzo, afirmó que "saqué de ahí delitos por paramilitarismo, para que no tengan ese beneficio, igualmente saqué delitos como de terrorismo, asonada y faltas que comete la guerrilla, delitos que han sido imputados a políticos por la Corte Suprema como concierto para delinquir y otros delitos graves, que no estarían contemplados".
Corzo advirtió que "la justicia no está redimiendo a los colombianos, que siguen siendo colombianos así estén presos. (...) Lo que motivó este proyecto a Piedad Córdoba fue una actitud humanitaria".
La proposición de archivo la impulsaron corzo y la senadora de 'la U' Karime Motta, quienes advirtieron, sin embargo, que el debate sobre la situación carcelaria en el país debe abrirse.
CONSEJO DE ESTADO SE APARTA DE LA DISCUSIÓN DE REFORMA DE LA JUSTICIA
Magistrado Mauricio Fajardo dijo que en el Congreso el trámite del proyecto está fuera de control.
En un comunicado de seis puntos el Consejo de Estado dijo que lo aprobado hasta el momento "debilita la autonomía de la Rama Judicial y los principios de separación y equilibrio de las ramas del poder público".
El proyecto, tal como está en este momento, es incoherente con lo que se propuso inicialmente, agrega el pronunciamiento.
Los magistrados critican puntos como las atribuciones "exorbitantes" a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Este el texto completo del comunicado:
La Sala Plena del Consejo de Estado comunica que la Corporación ha resuelto marginarse de las deliberaciones que se adelantan en el Congreso de la República en torno al proyecto de reforma constitucional a la administración de justicia por las siguientes razones:
1. La reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo inicialmente anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa, que parece fuera de control.
2. El texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, como son la congestión de los despachos judiciales, la garantía del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo.
3. Algunas de las disposiciones aprobadas debilitan la autonomía de la Rama Judicial y los principios de separación y equilibrio de las ramas del poder público.
4. Las funciones exorbitantes que el proyecto atribuye a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deterioran la autonomía y la gobernabilidad de la Rama, ignoran graves cuestionamientos públicos que afectan la dignidad de la justicia, pasan por alto autorizadas críticas al equivocado diseño institucional de ese organismo y aniquilan el equilibrio de los poderes públicos.
5. El Consejo de Estado, con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia que, luego de un amplio debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario.
6. Advierte el Consejo de Estado, con preocupación, que los textos hasta ahora aprobados no se concilian, en algunos aspectos, con los postulados del Estado Social de Derecho, la prevalencia del interés general y el derecho que asiste a todas las personas residentes en Colombia de acceder a una justicia independiente, pronta y eficaz.
El Consejo de Estado reafirma su compromiso institucional con la administración de justicia y ratifica su determinación de perseverar en la defensa de los derechos constitucionales y democráticos.
EN COLOMBIA AÚN HAY 'ESCLAVOS', PERO SOLO UNO DE CADA 20 LO DENUNCIA
207 colombianos reconocieron (entre el 2005 y el 2010) haber sido víctimas de trata de personas.
La trata de personas es definida por los académicos como la esclavitud del siglo XXI y la cifra la reveló un estudio sobre la magnitud de este delito en el país, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad de los Andes, dado a conocer ayer en Bogotá.
Sin embargo, las autoridades colombianas creen que solo una de cada veinte víctimas de este delito es capaz de denunciarlo.
El informe también arrojó que, de los 207 casos denunciados en los últimos cinco años, el 90 por ciento corresponde a mujeres y tan solo el 10 por ciento a hombres.
Además, el 82 por ciento de los casos corresponde a explotación sexual y el restante, a explotación laboral. El país en el que más se reportó la explotación sexual de colombianos fue Ecuador, con el 32 por ciento.
Llama la atención que en Singapur se registre el 4 por ciento de los casos de explotación sexual.
En lo que tiene que ver con trabajo forzado, Argentina está en el primer puesto, con el 33 por ciento. En segundo lugar aparece Ecuador (20 por ciento) y luego se sitúa Guatemala (10 por ciento).
Pero el estudio también dejó en evidencia que la trata de personas no solo es internacional. De las 207 personas que denunciaron, 20 reportaron que habían sido objeto de trata dentro del país. Las zonas más críticas son Antioquia, Valle y Bogotá.
De acuerdo con Elvia Vargas, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes, el deseo de contribuir económicamente al hogar y de obtener una casa son las razones principales por las que las personas acceden a ser víctimas de este tráfico.
"El país tiene información confiable para implementar políticas públicas que permitan atender a los afectados y contrarrestar una problemática de magnitudes desproporcionadas", agregó Vargas.
Carlos Pérez, coordinador de Trata de Personas de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, explicó que esta situación obedece a dos razones: "La primera, las víctimas son amenazadas constantemente, incluso luego de abandonar esta práctica, y la segunda, que este delito es cometido en muchas ocasiones en zonas alejadas a las que las autoridades no llegan".
EL ESPECTADOR
REFORMA A LA JUSTICIA ATENTA CONTRA LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES: CONSEJO DE ESTADO
El alto tribunal consideró que el proyecto que se debate en el Congreso afecta el equilibrio de los poderes.
Al considerar que el proyecto de reforma a la justicia que se debate actualmente en el Congreso debilitan la autonomía de la justicia de la Rama Judicial y los principios de separación de los poderes públicos, el Consejo de Estado se retiró de las discusiones que se adelantan por este tema.
“El texto hasta ahora aprobado no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia, así como la descongestión de los despachos judiciales, la garantías del derechos constitucional d acceso a la administración de justicia y la concreción del derecho de toda persona a la convivencia pacífica y un orden justo”, manifestó el presidente del alto tribunal, Mauricio Fajardo.
Después de una larga discusión, los 30 magistrados del Consejo de Estado tomaron la decisión de retirarse del debate, al considerar que el proyecto reformista no cumple con los requisitos que ellos esperaban para solucionar todos los problemas que presenta la administración de justicia en Colombia y las dificultades en el acceso que tienen las personas.
Entre los principales errores que tiene el proyecto tienen que ver con las modificaciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual fue calificado como “un deterioro a la autonomía y la gobernabilidad de la Rama”.
Según la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el escrito que actualmente se debate “pasó por alto” las críticas que se le habían hecho al Gobierno en las reuniones que sostuvieron a mediados del presente año.
“El Consejo de Estado, con base en la confianza que le merecen las instituciones democráticas, elaboró con seriedad y responsabilidad un proyecto de reforma constitucional a la justicia el cual, luego de un debate interno, presentó al Congreso de la República. Sin embargo, su consideración quedó reducida a un plano meramente formal y protocolario”, precisó Fajardo.
RAMA JUDICIAL PIDE VIGILANCIA INTERNACIONAL PARA REFORMA A LA JUSTICIA
Un grupo de fiscales, magistrados y jueces señalaron que el proyecto “atropella al desarrollo de la justicia”.
El presidente de la asociación de fiscales, William Pacheco solicitó la presencia de la relatora internacional para la independencia judicial de las Naciones Unidas para que analice la reforma a la justicia presentada ante el Congreso de la República.
Pacheco presentó fuertes críticas al proyecto, el cual calificó de estar en contravía de la independencia de los funcionarios judiciales en todo el país.
“Solicitamos la presencia de organismo internacionales para que revisen lo que está pasando acá, hemos pedido en repetidas oportunidades que nos hagan parte del proyecto y no ha sido posible”, manifestó.
Por su parte, Fernando Otalvaro, representante de Asonal Judicial consideró que el proyecto “es una privatización a la justicia”, haciendo énfasis en el hecho de que nunca se les permitió opinar sobre la reforma.
EL NUEVO SIGLO
TUMBARÍAN NUEVA INSTANCIA ADMINISTRATIVA PARA ACCEDER A SALUD
Demandan artículo de Ley 1438 del 2011, que contempla la creación de una junta técnico-científica que emita concepto sobre la pertinencia o no de una prestación.
En la cuerda floja se encuentra la nueva instancia administrativa que creó la Ley 1438 del 2011 que reforma la Ley de Salud, para acceder a un tratamiento o medicamento no incluido en el POS. Se trata de una junta técnico-científica de pares, que debe emitir un concepto médico sobre la pertinencia o no de dicha prestación de salud.
Dicha disposición acusada será estudiada por la Sala Plena de la Corte Constitucional desde esta semana.
El artículo demandado dice: Creación de la junta técnica-científica de pares. “La Superintendencia Nacional de Salud tendrá una lista de médicos especialistas y otros profesionales especializados, para que emitan concepto sobre la pertinencia médica y científica de la prestación ordenada por el profesional de la salud tratante no prevista en el Plan de Beneficios, negada o aceptada por el Comité Técnico-Científico de la Entidad Promotora de Salud; la junta técnica-científica de pares tendrá un término de siete días calendario para emitir el concepto respectivo. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá un plazo no mayor a seis meses para la conformación de las Juntas mencionadas en el presente artículo.
Parágrafo. La conformación de la Junta Técnico-Científica debe garantizar la interdisciplinariedad entre los pares especializados del profesional de la salud tratante y la plena autonomía profesional en sus decisiones”.
La demanda expone que al crearse una nueva instancia administrativa para acceder a los servicios y medicamentos no previstos en el plan de beneficios, vulnera los artículos 48, 49 y 83 de la Constitución. El demandante aduce que esta nueva instancia contraviene el principio de eficiencia, pues implica la existencia de un obstáculo para la prestación de los servicios médicos; desconoce el principio de la buena fe, dado que el concepto de ésta puede implicar el no suministro de un servicio o medicamento que puede poner en riesgo la vida o la salud de una persona, sin que exista en realidad certeza sobre la pertinencia médica y científica de la decisión tomada, y porque viola el derecho a la salud, porque implica un nuevo paso obligatorio e innecesario, de carácter administrativo, para poder obtener la atención sanitaria adecuada.
En concepto rendido a principios de agosto, el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible dicho artículo pero en el entendido de “que las prestaciones ordenadas por el profesional de la salud, no previstas en el plan de beneficios, aprobadas por el Comité Médico Científico de la entidad promotora de salud, deben darse de manera inmediata al paciente, aunque la Junta Técnico Científica de pares no haya emitido todavía su concepto, si estas prestaciones se requieren de manera inmediata e inaplazable por el paciente, ya que de no darse se puede poner en riesgo eminente los derechos fundamentales de éste y causar un perjuicio irremediable”.
Y agregó que “el propósito principal de la junta no es, como lo aduce el actor, el de establecer un obstáculo más en el acceso al sistema de salud. Por el contrario, la junta busca establecer con independencia e idoneidad técnica y científica la pertinencia de una prestación ordenada por un profesional de la salud, no prevista en el plan de beneficios, con un criterio objetivo que se funda en razones médicas y científicas. En el fondo se trata de brindar una garantía adicional al paciente de que el procedimiento médico a seguir será el adecuado para su enfermedad, patología, lesión, etc.”.
La Corte ya había declarado exequible la totalidad de la norma, en una demanda que pedía tumbarla, argumentando que no había sido tramitada como una ley estatutaria.
REVISTA SEMANA
CONSEJO DE ESTADO SE APARTA DE LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
El alto Tribunal dijo que el texto hasta que hasta ahora resulta a partir de las discusiones no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia.
El alto Tribunal señala que hay incoherencias entre lo anunciado y lo aprobado en el texto de la iniciativa, además de que no daría respuesta al gran problema de la Rama Judicial: la congestión en los despachos.
En la noche del miércoles el Consejo de Estado en pleno anunció que se retira de la discusión que se adelanta actualmente en el Congreso acerca de la reforma a la Justicia al encontrarse en desacuerdo con el rumbo que ha tomado el proyecto de ley dentro del Legislativo.
El presidente de esa Corporación, Mauricio Fajardo, manifestó que "la reforma que se está adoptando exhibe una evidente incoherencia entre lo anunciado y propuesto, y lo que viene resultando como consecuencia de una precipitada deliberación legislativa que parece fuera de control".
"Los textos aprobados no se concilian, en algunos aspectos, con el Estado Social de Derecho, la prevalencia del interés general y el derecho que asiste a todas las personas residentes en Colombia de acceder a una justicia independiente, pronta y eficaz", agregó.
De igual forma, el alto Tribunal dijo que el texto hasta que hasta ahora resulta a partir de las discusiones no da respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la justicia como son la congestión de los despachos judiciales.
Así mismo, se consideró que la iniciativa tal y como va, “debilita la autonomía de la Rama (Judicial)”, un aspecto en el que los magistrados han dado una ardua lucha.
En ese sentido, el Consejo de Estado expresó también su preocupación por lo que denominó “funciones exorbitantes” que se le otorgarían a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues deteriora la autonomía y la gobernabilidad de la Rama.
“Esas funciones ignoran graves cuestionamientos públicos que afectan la dignidad de la justicia, pasan por alto autorizadas criticas al equivocado diseño institucional de ese organismo y aniquilan el equilibrio de los poderes públicos”, puntualizó.
CMI
TRABAJADORES DE LA RAMA JUDICIAL SE OPONEN AL PROYECTO DE REFORMA QUE CURSA EN EL CONGRESO
Los trabajadores de la rama judicial pidieron la presencia de las Naciones Unidas para evitar que el proyecto de reforma a la justicia sea aprobado en el Congreso.
La presidenta del observatorio para la administración de justicia, Maria del Pilar Arango, aseguró que dicho proyecto lesiona la independencia de la rama al entregarle funciones jurisdiccionales a particulares como los notarios.
“Se pretende repartir la justicia bajo la excusa de la congestión judicial. Será que los notarios y abogados que no han hecho una carrera judicial están capacitados para reemplazar a los jueces de la noche a la mañana y entonces para qué estamos nosotros”, indicó la señora Arango.
La juez también señaló que los trabajadores de la rama no han sido escuchados, ni se ha tenido en cuenta su opinión en el debate de la reforma.
“Dicen que las altas cortes no están representando y si eso fuera así nuestros problemas se estarían solucionando, pero por el contrario con ese proyecto todo seguirá igual y no se logrará hacer más ágil la justicia”, aseguró.
Por su parte, el presidente de Asonal, Luis Fernando Otálvaro, criticó que el gobierno incumpliera su propósito inicial de reformar o acabar el Consejo Superior de la Judicatura, uno de los temas que había sido anunciado para el proyecto.
“En vez de acabar con la Judicatura el proyecto le está dando mayores competencias a la sala disciplinaria, sin pensar en reformar por lo menos su origen político, es decir, que a los funcionarios de la rama los está juzgando es la política”.
El pronunciamiento de los representantes de la rama judicial fue hecho durante el lanzamiento del observatorio para la administración de justicia que anunció su total oposición al proyecto de reforma y pidió al Congreso no aprobarlo.
MAGISTRADO DE LA JUDICATURA RESPONDE A CRÍTICAS CONTRA LA CORPORACIÓN
El pronunciamiento se produce con ocasión de una columna escrita por el periodista Daniel Coronell, publicada el domingo pasado.
El vicepresidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, respondió a las críticas que en los últimos días se le han hecho a esa corporación por nombrar, supuestamente, a funcionarios para lograr pensionarse con un sueldo de magistrado auxiliar.
Ovidio Claros sostuvo que la Constitución no prohíbe que personas mayores de 45 años accedan a un cargo en el Estado, y menos si cumplen con todos los requisitos.
“Si la gente cotiza en el sistema colombiano de pensiones, y después llega a un cargo cumpliendo con los requisitos, debe ser nombrada y no se puede ser arbitrario en eso. Ahí no hay violación de ningún tipo de norma. Eso de que no se pueda nombrar una persona porque tiene determinada edad es un absurdo, y la OIT tendría que entrar a revisar el caso”, indicó Ovidio Claros.
El magistrado sostuvo que existen personas interesadas en desprestigiar al Consejo Superior de la Judicatura, pero que no por ello se puede dejar de ser objetivos frente a los que se dice o se denuncia.
“Soy conciente de que hay personas que quieren lesionar a la Judicatura y hablar mal para deslegitimarla, porque en el debate a la reforma el Congreso discute darle un marco de funciones mayores al que actualmente tiene la corporación, pero ese es un problema del Congreso”, aseguró el magistrado.
En su columna del pasado domingo, el periodista Daniel Coronell llamó “Consejo Superior de la Sinvergüenzura” a la corporación por hacer esos nombramientos para favorecer los intereses de algunas personas, y en particular menciona los nombres de Julia Emma Garzón y Ovidio Claros, como dos de los magistrados de la Sala Disciplinaria que han beneficiado a terceros.